Confrontada por una cámara Gesell a pocas horas de su liberación, M. no creía haber sido sometida y vejada por más de sesenta días y a más de mil kilómetros de su casa y su familia. Simplemente, creía que apenas pasaba un mal momento. Con apenas 18 años, mientras intentaba terminar la secundaria en una escuela nocturna, M. -su nombre completo es preservado por razones judiciales- conoció en su pueblo en las afueras de una importante ciudad del noroeste a un joven porteño a mediados del año pasado. De visita en el lugar y con familia en la zona, no tardó en enamorarla y en volverla su novia. La madre de M. desaprobó rápidamente la relación. M. entonces decidió venir a Buenos Aires a vivir con su chico en un hotel de la zona de Constitución. Adicto a la cocaína, hijo de una familia de proxenetas, rápidamente la convirtió en su esclava y en su principal mercancía, obligándola a vender su cuerpo en sobre la avenida Juan de Garay. M. sin saberlo, sin querer o poder admitirlo, se había convertido en una víctima de la trata de personas.
M., morocha, alta y esbelta, emanaba cierta fragilidad dada su edad; los clientes de la zona no tardaron en prestarle atención. Las reglas que el novio explotador le imponía a la chica eran claras: no debía subirse a ningún auto y solo tenía permitido transitar dos cuadras determinadas de la zona roja de Constitución. Los encuentros sexuales con sus clientes debían ocurrir en un determinado hotel, a dos cuadras de otro hotel en donde vivía con su proxeneta.
El joven no tenía experiencia previa en el rubro, o al menos no tenía antecedentes policiales al respecto: M. fue su primera captura, que resultó al menos lucrativa. La chica, según su propio testimonio, llegó a recaudar más de dos mil pesos por día, pero no podía tocar una moneda de ese dinero. Una parte de esa suma solía ir para la droga de su novio. En su testimonio, M. relató que se había comprado un pantalón nuevo con dinero de un cliente. Su novio al verlo se lo rompió y luego la molió a golpes. Había otra regla, según su propio relato, una mucho peor y de riesgo absoluto para su vida: no podía ofrecerles preservativos a los clientes que tenían sexo con ella.
Hoy, M. está de vuelta con su familia, según confían a Infobae fuentes que conocen su caso de cerca. La causa que investiga su periplo está siendo tramitada en un juzgado federal porteño. La División de Trata de la Policía Federal se encargó de liberarla. Ninguna prostituta en la cuadra quiso declarar en el expediente; todas decidieron mirar para otro lado. Solo una se atrevió a hablar, como testigo reservado por miedo a la venganza de su propio proxeneta: fue la misma que contactó a la madre de M. cuando la joven se lo pidió. "A la chica la vi golpeada y llorando", aseguró la mujer ante la Policía. Fue un gesto dramático el que la salvó: desde el Noroeste, la madre intentaba contactar a M. a su celular, pero le volvían mensajes de texto extraños, con un lenguaje que no era propio de su hija. La Policía y la Justicia sospechan algo obvio: su proxeneta le controlaba el teléfono. M. le dio el teléfono de su madre a la otra prostituta, y le pidió que la contacte. Poco después, dos efectivos del área de Rescate de la División de Trata la abordaron mientras caminaba sobre la calle Garay. Se la llevaron en un móvil policial sin marcas.
Eventualmente, el proxeneta que separó a M. de su familia fue apresado cuando volvió al pueblo de la chica, que estaba protegida con custodia, al enterarse que la Policía la había liberado. Continúa detenido hasta hoy y ya fue imputado. El proceso judicial en su contra está en pleno desarrollo. La orden de no usar preservativo no extrañó a los miembros de la División de Trata de la Policía Federal, por otra parte: suele ser una práctica tan aberrante como común entre los explotadores de mujeres, que toman control de los hijos que las mujeres tienen para retenerlas. En procedimientos recientes en prostíbulos, se encontraron pastillas abortivas, antibióticos y antiinflamatorios. M. fue sometida a un extenso protocolo médico luego de su liberación: se comprobó que no habría sido infectada de ninguna enfermedad venérea y que no estaba embarazada.
El caso de M. es uno de tantos, pero es al menos paradigmático: el nivel de detalle y estructura de su testimonio posterior y el de la investigación policial permiten reconstruir los pormenores cotidianos del sometimiento a mujeres en zonas rojas de comercio sexual como Constitución, con la voluntad quebrada de las víctimas y los múltiples niveles de complicidad y control. No extrañó a los investigadores, tampoco, que el dueño del hotel donde M. era explotada no tuviera ningún registro fehaciente de sus entradas. Que ninguna otra prostituta quisiera declara: "Ninguna mujer en la calle está por su cuenta. Cada una está regenteada, en cada cuadra hay un dueño", afirma una alta fuente.
La División de Trata, por ejemplo, indagó en un caso reciente de brutalidad explícita: en la zona de Flores, una prostituta intentó instalarse en una determinada cuadra. Una mujer regenteaba la zona; le exigió un peaje que se negó a pegar. Esa misma mujer la electrocutó con un taser y luego comenzó a golpearla a cadenazos en la cara. Hubo otra detenida en el caso de M.: una mujer que decía venderle corpiños y bombachas a las trabajadoras sexuales de la avenida Garay, pero que en realidad se encargaba de supervisarlas y reportar sus movimientos a varios proxenetas, el de M. incluido.
Para M., el conflicto fue doble; no solo era vejada en condiciones infrahumanas, sino que era obligada a trabajar en una parte de la ciudad cargada de violencia. Las zonas rojas de Constitución, atravesadas por calles como Salta, Garay, Cochabamba y Santiago del Estero, son un problema histórico para los vecinos y familias del barrio. Según cifras del Ministerio Público Fiscal porteño citadas por La Nación, se hicieron 305 denuncias por oferta y demanda de sexo y 380 por amenazas en 2014, con peleas a cuchillazos frecuentes y disputas territoriales; la Policía Federal no cuenta con estas cifras..